En España hubo un intento de regulación de esa cadena alimentaria hace ya más de siete años con la Ley 12/2013. Ahora Europa ha emitido una nueva directiva comunitaria y desde el Ministerio de Agricultura se quiere impulsar una nueva norma que la actualice, que tenga en cuenta los cambios europeos y también los hábitos de consumo de un mercado volátil y globalizado. Por eso a finales del pasado mes de enero se escucharon a los agentes que intervienen en la cadena alimentaria española en la comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados. Se busca un amplio consenso que tenga en cuenta las especificidades de cada operador, desde el sector primario, los productores, pasando por la industria, la transformación y la distribución.
En sesiones casi maratonianas, más de 20 horas de comisión, los diputados responsables del agro español intervinieron y escucharon a todos los eslabones de la cadena. Y parece, según lo expuesto, y no creo que haya duda, que la parte más débil de esa cadena está en los productores. Éstos lo hicieron notar unos meses antes de que llegara la pandemia. Miles de agricultores salieron a las calles de pueblos y ciudades españolas para reivindicar unos precios justos con los que mantener sus rentas. Y ahí está el mayor dilema al que se enfrenta la nueva ley. El precio justo. ¿cuál es el precio justo? ¿quién lo marca? ¿es suficiente con un precio justo? 
El primero en intervenir en esa comisión fue el secretario general de Agricultura y Alimentación del MAPAMA Fernando Miranda. Señaló que la nueva ley debe ser un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre los diferentes agentes de la cadena alimentaria. La norma actual ha servido, dijo, para producir avances pero “han sido insuficientes desde el punto de visto del sector primario”.
La nueva ley pretende un cambio en la cultura de las relaciones comerciales entre todos los eslabones de la cadena. En palabras de Miranda que “la cadena alimentaria sea una verdadera cadena de valor en la que todos los agentes ganen. Que todos los agentes obtengan una remuneración justa por su actividad”.
Otro objetivo que persigue la nueva norma, que entrará en vigor en noviembre de este mismo año, es el precio justo. “Los productos que entren en la cadena de valor deben hacerlo ya con precios ciertos y no a resultas lo que les hace depender del siguiente eslabón. Esa venta a resultas es una práctica que más perjudica al sector primario porque un agente coloca un producto cedido sin precio y lo que importa entonces ya no es el producto sino su transacción en el mercado”. Un hecho que, dijo, “supone un hundimiento de los precios en origen y dificulta la ordenación de la oferta para adaptarla a la demanda”.
Por este motivo el coste de producción debe ser un elemento central en el contrato que deben firmar productor y comprador. De esta forma, primero el comprador y después el consumidor, pueden ser conscientes de lo que cuesta producir.
La nueva ley de la Cadena Alimentaria también pretende terminar con las prácticas comerciales desleales. Es importante que exista un reparto equitativo del valor añadido a lo largo de toda la cadena con lo que se conseguirá proteger al eslabón más débil que, recordamos, son los productores. “Se persigue reforzar la capacidad negociadora de todos los agentes. Y para ello se quiere conformar por escrito los contratos entre operadores”.
Especial es el caso de las cooperativas de las que luego hablaremos en este post. Las cooperativas no necesitarán los contratos por escrito pero sí deberán explicar cómo y cuándo se liquida. Un aspecto muy importante porque mucho volumen de la cadena alimentaria nacional se realiza a través de las cooperativas. El nuevo modelo que regulará la nueva ley servirá también para que el comprador sea consciente de lo que cuesta el producto que adquiere.
Precios justos
Las principales reivindicaciones llegan desde las organizaciones de productores. ASAJA, UPA y COAG también participaron en el debate parlamentario. Presentaron sus enmiendas conjuntas al texto porque consideran que existe un desequilibrio en la negociación donde el productor es el eslabón más débil. Señalaron que debe primarse su condición de esencial que ha puesto de manifiesto la pandemia porque “si no lo hacemos nosotros, otras producciones foráneas serán las que abastezcan el mercado español” aseguró Pedro Barato presidente de ASAJA.
Manifestaron que las relaciones entre las partes deben ser equilibradas y para ello deben elaborarse mecanismos de control en los que hay que asegurar que las pérdidas no se imputen a la parte más débil. También desde la COAG, su secretario general Miguel Blanco, afirmó que la cadena “está desequilibrada por una posición de dominio de la industria y la distribución”. De la misma forma se expresaron desde UPA porque la posición de dominio del mercado de la industria y la distribución es terreno abonado para el abuso de poder” señaló Montserrat Cortiñas como vicesecretaria general de la organización.
Remuneración equivalente al menos a los costes de producción. Eso es lo que proponen las organizaciones de productores. Proponen un estudio de los costes que sea orientado por la Administración para dar una mayor transparencia a la formación de los precios. Como propuesta señalan la creación de un índice de precios, con datos de consulta pública para fijar esos precios. De esta forma, señalaron, se evitará también que los precios los asuman los consumidores.
La venta a pérdidas y la venta a resultas también fueron criticadas por todas las organizaciones y pidieron que la nueva ley corrija esas prácticas. La regulación de la cadena “no es un capricho, lo plantea el Parlamento Europeo y el Pacto Verde de la Estrategia de la Granja a la Mesa que piden un justo equilibrio de la cadena alimentaria. También dijeron que “no pedimos dinero porque esta ley no cuesta dinero. Si quieren hacer un favor al campo español sólo hace falta voluntad política y no hace falta un presupuesto extraordinario” afirmó Barato desde ASAJA.
Mención especial llegó desde el sector del plátano de Canarias que pidió quedarse fuera de esa regulación de la nueva ley porque explicaron que ya está acogido a la singularidad de región ultraperiférica. Desde las islas señalaron que no existe alternativa real al empleo que da el sector en la comunidad insular.
La distribución
Desde Asedas, su director general Ignacio García Magarzo, consideró el proyecto de ley como “vital”. Y señalaron que todos los operadores de la cadena “no estamos enfrentados sino que compartimos el objetivo común de servir a los consumidores”.
«Queremos que la producción sea sostenible y quienes la hacen posible vivan en las mejores condiciones posibles” continuó Magarzo que también apostó por el Código de Buenas Prácticas. Destacó que la cadena alimentaria española es una de las más eficientes de Europa sin “desiertos alimentarios, con gran oferta de productos. Es equilibrada porque hay el mismo empleo en el sector primario que en la industria que en la distribución. Compartió la denuncia real de los productores por los precios bajos y las bajas rentabilidades. Y estuvo de acuerdo en el refuerzo de los contratos por escrito como “la mejor herramienta para dar estabilidad a la cadena”.
ASEDAS mostró su desacuerdo con la regulación excesiva. Sobre todo en lo que se refiere a las promociones comerciales. Desde la asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, su presidente, Aurelio Pino, señaló que «nada justifica el intervencionismo de la Administración.
También ha participado en el debate las cooperativas agroalimentarias. Citaron que su personalidad jurídica está sujeta a una ley estatal, 16 autonómicas y a la ley fiscal. Su director general, Agustín Herrero, señaló que “estamos muy reguladas. La relación económica entre socio y cooperativa es mutualista, sin ánimo de lucro y diferente de la relación mercantil. La entrega de productos no es una venta sino una puesta a disposición para que se comercialice conjuntamente. El socio y la cooperativa son uno. No hay intereses contrapuestos entre socio y cooperativa”. Recordó que son los socios los que deciden cómo funciona cada cooperativa así como las estrategias comerciales de cada una. “Por lo tanto no existe una discriminación jurídica. Ya tenemos un calendario de liquidación en las cooperativas”, matizó Herrero.
Para el regidor de las cooperativas el problema son los precios que “impone la distribución, que compra en origen y no en los mercas, las grandes cadenas compran en origen y lo hacen buscando el precio más competitivo, el más bajo. Un precio señaló que es “contagioso”.
A modo de conclusión, se pudo comprobar que todos los implicados en la cadena alimentaria están a favor de la reforma que propone el proyecto de ley. El precio y los contratos son el mayor escollo, el que separa a los diferentes eslabones siendo el más perjudicado el primer sector. La creación de una cadena más justa y equilibrada depende de todos ellos, también de la Administración que, además de elaborar el contenido del proyecto de ley, debe velar por la creación de herramientas con las que fijar los precios y registrar los contratos. No se trata de intervenir en los precios sino de orientar y ayudar a marcarlos en justo consenso con todas las partes implicadas. Así se podrá crear un producto, con un precio justo y que será pagado por el consumidor. La parte final de una cadena cada vez más exigente que se guía por el precio pero también es consciente, cada vez más, de lo que cuesta conseguir que esos productos lleguen a la tienda para poder comprarlos.
