Aunque ya han pasado seis décadas desde su nacimiento en 1962, la filosofía originaria de la Política Agrícola Común (PAC) aún mantiene su vigencia. La PAC surgió como respuesta a un entorno socioeconómico de escasez alimentaria, tras la Segunda Guerra Mundial, mediante el establecimiento de una política intervencionista y productivista orientada a abastecer a la sociedad de alimentos a unos precios asequibles y que garantizasen un nivel de vida equitativo a la población agrícola. Aunque esta política se ha ido adaptando a los retos del sector agrícola y a las nuevas necesidades de los ciudadanos a través de sucesivas reformas, en la actualidad, la esencia se mantiene intacta: impulsar un modelo de agricultura sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental para garantizar el abastecimiento de alimentos a una población creciente con unos precios asequibles para los consumidores, en armonía con un nivel de rentabilidad adecuado para los productores que garantice su supervivencia, ayudándolos a conseguirlo mediante ayudas que incentiven las prácticas ambientales beneficiosas, así como la modernización y la digitalización de sus explotaciones, favoreciendo así el necesario relevo generacional.
A lo largo de la historia, la PAC ha experimentado seis reformas; la última de ellas entró en vigor en enero de 2023 y culminará en 2027. En este primer año y medio de vida, los agricultores españoles se han encontrado serias dificultades para su aplicación. Entre los principales escollos destacan los ambiciosos objetivos ambientales y digitales, que han chocado con la realidad del sector, que está padeciendo los efectos de la sequía, la inflación y las carencias en los anticipos de las ayudas, lo que los ha llevado, incluso, a protagonizar uno de los calendarios de protestas más extenso de la historia de España.
Aunque el balance durante este periodo es desigual dependiendo de si la valoración procede de las organizaciones agrarias, el Gobierno o las instituciones de la Unión Europea (UE), todos coinciden en un aspecto: las dificultades que ha generado la que se considera reforma más ambiciosa de esta política agraria. Además, el contexto no ha sido favorable, pues arrancó asumiendo las consecuencias de la guerra de Ucrania, los coletazos aún persistentes del Covid-19 y los problemas logísticos en el Canal de Suez, de ahí que los propios agricultores reclamen una aplicación más flexible de la PAC o, de lo contrario, consideran que será inviable.
En ese sentido, Tomás García Azcárate, economista especializado en PAC y mercados agroalimentarios, califica de “déspota” a la Comisión Europea a la hora de gestionar su política, lo que ha “multiplicado las reticencias al cambio”, aunque reconoce que “la dirección marcada por el Pacto Verde y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es la correcta”. Por ello, su consejo es convencer en lugar de imponer. “Aunque haya urgencia climática, que la hay, querer imponer ritmos de cambio que no son socialmente aceptables, retrasa la adaptación”, explica. “Europa es la zona del mundo más expuesta al impacto del cambio climático, por lo que su agricultura no tendrá un mañana si su modelo no es sostenible”.
España, tercer país perceptor de ayudas
En cuanto a la percepción de ayudas, España se sitúa como el tercer país que recibirá más fondos, por detrás de Francia y Alemania, con una cifra superior a los 47.000 millones de euros. Para hacer frente a la problemática situación del sector y con el beneplácito de Bruselas, España autorizó que los productores pudiesen recibir hasta el 70% de las ayudas en forma de anticipo, en el periodo comprendido entre octubre y noviembre de 2023, para inyectar ingresos en sus explotaciones. Sin embargo, la burocracia ha frenado la llegada de esa ansiada liquidez, pues, tras los trámites realizados por las comunidades autónomas, los productores han percibido menos volumen adelantado de los previsto inicialmente.
Novedades
Entre las principales novedades de la PAC 2023-2027 destacan el aumento de la responsabilidad del Gobierno en su redacción, ejecutada a través de un Plan Estratégico, así como los ecorregímenes -denominados anteriormente ecoesquemas-, que representan casi la cuarta parte del presupuesto total de las ayudas y que priorizan las prácticas beneficiosas para el medioambiente, alcanzando una dotación que supera los 1.000 millones de euros en España. Entre estas acciones de mejora medioambiental figuran las actuaciones contra la erosión, el establecimiento de una cubierta vegetal, la rotación de cultivos y la obligación del barbecho, aunque estas últimas están suspendidas coyunturalmente como medidas para contrarrestar los efectos de la guerra en Ucrania y la reducción de la oferta procedente de determinados cultivos.
La nueva PAC también ha incluido un pago redistributivo para las pymes agrícolas con el objetivo de que las ayudas sean más justas. Asimismo, se ha establecido la condicionalidad social de las subvenciones para que estén vinculadas al respeto a los derechos laborales.
Otras de las novedades que, además, ha sido objeto de polémica gira en torno a la digitalización del sector. Aunque, en un principio, estaba prevista la obligatoriedad del cuaderno de explotación digital a partir de septiembre de 2023, finalmente, debido a las complicaciones a la hora de hacerlo efectivo en un colectivo de agricultores mayoritariamente envejecido y alejado de las nuevas tecnologías, Bruselas lo ha pospuesto a enero de 2026, al menos, en lo relativo a los tratamientos fitosanitarios de los cultivos. En términos generales, su uso es voluntario; será obligatorio a partir de septiembre de 2024 en explotaciones superiores a 30 hectáreas, mientras que, para aquellas menores de esta cifra, la fecha será septiembre de 2025.
Cifras clave
En España, alrededor de 630.000 agricultores y ganaderos optarán a los más de 47.000 millones de euros en ayudas previstas para la PAC 2023-2027. La distribución de estas dependerá del cumplimiento de los requisitos para recibirlas, aunque se calcula que representarán en torno al 20% de sus ingresos agrarios, según estima el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Para García Azcárate, “felizmente, cada vez es menos importante la PAC en la renta de los agricultores”, aunque reconoce que la denominada “clase media” del campo, los agricultores familiares, necesita más apoyo económico y asesoramiento técnico en un contexto presupuestario cada vez más restrictivo. “Las ayudas tienen que ir enfocadas a acompañar a esta clase media en su transición agroecológica, su adaptación al cambio climático, a reconocer su papel en la mitigación de dicho cambio, a facilitar su participación en la agricultura 5.0 del futuro que solo puede ser posible mediante la cooperación y la organización comercial de los productores”, asegura. Con ello, no solo se consiguen las economías de escala generadas por la revolución tecnológica, a las que ahora solo tienen acceso las grandes explotaciones, sino que se refuerza la posición negociadora de los agricultores y ganaderos en el seno de la cadena alimentaria, concluye.
Antes de la reforma, los datos oficiales reflejan que, en 2022, los productores españoles han percibido 40.950 millones de euros correspondientes a la línea procedente del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), que financia, principalmente, la ayuda a la renta para los agricultores y las medidas de mercado; por otro lado, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) representa el montante procedente de la UE para financiar los programas de desarrollo rural (PDR), administrado por las autoridades de gestión en los ámbitos nacional y regional, y en 2022, ha contabilizado más de 1.850 millones de euros.
