La agricultura se ha convertido en una actividad económica estratégica, interesando a empresas e inversores y absorbiendo empleo, como sector refugio. Lo ha hecho recientemente en momentos de crisis como el vivido tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008. Paradójicamente, de forma simultánea, vive una dinámica de estrechamiento de márgenes, debido al continuo incremento de los costes de producción y a la presión a la baja de los precios que los mercados pagan por sus productos. Esto provoca una brecha entre lo que el agricultor percibe por su producción y lo que el consumidor paga por ello, llegando a superar el 1.000 %, dependiendo del cultivo.
Esta situación viene mermando la rentabilidad del agricultor, obligándolo a mover ficha. Ya no vale con hacer lo mismo; no sirve únicamente con producir más kilos para ganar más dinero. Debe hacer algo distinto para conseguir resultados diferentes. Necesita buscar un mayor valor añadido que pueda proceder de sus cultivos, por lo que deberá explorar y apostar por aquellos con un potencial de demanda creciente; desde la implantación de un modelo productivo por el que el cliente esté dispuesto a pagar un poco más, como, por ejemplo, la agricultura ecológica; o bien, de un importante ahorro en los costes de producción y ventajas competitivas obtenidas al incorporar tecnología y modernizar los procesos y tareas que requiere la explotación, el producto final, el packaging, la comercialización y la logística.
Uno de los medios más importantes para ahorrar costes y lograr una ventaja competitiva consiste en incorporar las técnicas de la agricultura de precisión, es decir, la aplicación de una serie de estrategias y herramientas tecnológicas encaminadas a optimizar el uso de los recursos para producir más con menos. En definitiva, mejorar la productividad de la actividad agrícola de forma sostenible desde los tres ejes posibles: el económico, el social y el medioambiental.
Dentro de la agricultura de precisión, los drones están llamados a jugar un papel fundamental en la generación de un mayor valor añadido para el agricultor y, por lo tanto, contribuir a la aportación de una rentabilidad digna por el fruto de su trabajo. Un dron es un vehículo aéreo no tripulado, capaz de mantener el vuelo de forma autónoma y controlada mediante un sistema remoto. Sus aplicaciones en la agricultura arrojan un potencial enorme: la recogida de datos e imágenes en tiempo real permite conocer el estado del suelo, las necesidades hídricas y nutricionales de las plantas, la incidencia de plagas y enfermedades o el estado fenológico de los cultivos, la monitorización y control del cultivo y las instalaciones, la climatología, la topografía y la cartografía, entre otros parámetros, además de facilitar tareas esenciales como la aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes, la gestión del riego o la siembra.
La información es poder –no es ningún tópico– y en la agricultura esta afirmación no es una excepción. Los datos de campo recogidos por múltiples sensores que pueden ser embarcados en un dron ayudan al agricultor a tomar decisiones en su día a día y minimizan el riesgo de cometer errores, lo que redunda en un ahorro de costes y una mejora del rendimiento y la calidad de sus productos.
Los satélites, precursores
La primera tecnología que se aplicó a la agricultura para la obtención de imágenes y datos que facilitasen las tareas de mapeo y monitorización se remonta a la década de los 70 del siglo XX, con el aprovechamiento de la información de teledetección proporcionada por los satélites. Estos dispositivos de observación han sido los precursores de una parte de la labor que pueden realizar los drones, que han recogido el testigo para acercar los avances de la ciencia a la sociedad civil con un formato doméstico y unos precios cada vez más asequibles, que han ido disminuyendo en paralelo al avance de la tecnología y el aumento de la oferta, como ocurrió en su momento con los aparatos audiovisuales, la informática o la telefonía móvil: los primeros eran casi prohibitivos y, en la actualidad, están al alcance de todos los bolsillos en formatos de excelente funcionalidad y calidad. Hace unos años, cualquier dron para uso industrial tenía un coste de varios miles de euros, cuando sus aplicaciones eran mucho menores, al contrario que su peso. Hoy se puede acceder a un dron a partir de poco más de 100 euros, a la vez que su versatilidad y sus aplicaciones se han multiplicado exponencialmente.
Gracias a ello, su uso se está extendiendo, erigiéndose en protagonistas, incluso, de proyectos europeos de innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, que están llamados a convertirse en iniciativas tractoras para el desarrollo rural. En este contexto se enmarca el Grupo Operativo PhytoDron, que lidera la línea estratégica de agricultura de precisión bajo el lema G.O. PhytoDron, validación y seguridad de las aplicaciones aéreas con drones en el entorno agroforestal.
Esta iniciativa se desarrollará en un horizonte temporal de tres años, entre 2021 y 2023, con el objetivo de impulsar la utilización de drones como herramienta segura para la aplicación de productos fitosanitarios de forma precisa, lo que permitirá avanzar en su marco regulatorio y establecer escenarios de uso con los que promover su posible equiparación a las aplicaciones terrestres convencionales, permitiendo su utilización en la agricultura de precisión, en línea con la Estrategia Europea del ‘Pacto Verde’. Para ello, el proyecto llevará a cabo un estudio multidisciplinar detallado, con representantes de todas las ramas agroindustriales involucradas, en el que se evaluarán datos relativos a la seguridad de las aplicaciones tanto para las personas como para el medioambiente, así como otros aspectos como la calidad y la eficacia de las aplicaciones, además de datos económicos y normativos.
Normativa y potencial de crecimiento
La normativa que rige en España para el uso de drones se ha actualizado de forma muy reciente. El Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión Europea, que regula el uso de UAS (Sistemas de Aeronaves no Tripuladas o drones) por parte de los pilotos, y el Reglamento Delegado 2019/945 de la Comisión Europea, que regula las especificaciones que deben cumplir los fabricantes de UAS, están en vigor desde el 31 de diciembre de 2020. La ley de drones en España es un marco regulatorio de ámbito europeo que afecta a todos los países de la UE y la normativa es aplicable tanto al vuelo recreativo como al profesional, por lo que ya no hay distinción entre drones recreativos o profesionales y ambos tipos se rigen por la misma legislación.
La normativa en España clasifica a los drones en siete categorías (C0, C1, C2, C3, C4, C5 y C6), en función de su peso, por las que establece las especificaciones que ha de cumplir cada una de ellas. Los fabricantes deben marcar en el aparato, antes de enero de 2023, cuál es la categoría a la que pertenece el dron. Además, se establecen tres categorías de vuelo, dependiendo del nivel de riesgo del vuelo: categoría abierta, de bajo riesgo, en la que no se requiere autorización ni declaración por parte del operador; categoría específica, de riesgo medio, que necesita un estudio aeronáutico de seguridad y la declaración del operador o autorización por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA); y categoría certificada, de riesgo algo, que requiere que el operador y los UAS estén certificados, además de licencia por parte del piloto.
El Plan Estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones en España 2018-2021 recoge el enorme potencial que posee el país para el uso profesional de esta tecnología. Según el documento, elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la flota de drones de uso profesional podría superar las 51.400 aeronaves en 2035 y alcanzar las 53.500 en 2050, lo que produciría un impacto económico de 1.220 millones de euros en 2035 y de 1.520 millones en 2050. Con estas cifras, se prevé la creación de más de 11.000 puestos de trabajo.
En la actualidad, en España hay registrados alrededor de 3.000 operadores y 74 escuelas autorizadas para formar a pilotos de drones. Según la AESA, hay más de 3.750 pilotos y el número de aeronaves habilitadas para uso profesional supera las 4.375.
